La aparición del término Justicia Ambiental y su conexión con la Justicia Social

A finales del siglo XIX y de forma aparentemente paralela al origen de movimientos en busca de la Justicia Social, la lucha medioambiental mantiene como objetivo prioritario la conservación de la naturaleza. Estos planteamientos se deben a Henry Thoreau (1864/1972, 1849/1985) y John Muir (1917, 1901/1981) quienes abogaron por una visión romántica y estética de la conservación del ambiente, y a Gifford Pinchot (1910, 1947) quien promueve su conservación utilitaria y eficiente.

Este movimiento ambiental, al igual que el movimiento obrero, es una reacción a las consecuencias de la creciente industrialización que se lleva a cabo durante el siglo XIX y que conduce al desarrollo de las grandes ciudades (Rhodes, 2003). La esfera del ambientalismo se desarrolla y amplía, abordando la salud pública y las enfermedades derivadas de la industria, los residuos urbanos y las aguas residuales (Arriaga Legarda y Pardo Buendía, 2011).

El movimiento ambiental moderno de inicios del siglo XX se nutre del movimiento conservacionista del siglo anterior. Los valores y creencias románticas y transcendentales se concentran, no solo en la conservación de la naturaleza como respuesta a la gran preocupación existente sobre la pérdida de la naturaleza virgen, sino en percibir la naturaleza con “integridad en sí misma” (Pepper, 1984, p. 79).

Pepper (1984) señala cómo los románticos se alzaron contra las consecuencias negativas derivadas del capitalismo industrial, como son la contaminación y la pobreza. En este último aspecto, es donde se pueden comenzar a ver las reivindicaciones, dentro del movimiento ambiental, de mayor Justicia Social. Esta interrelación de factores sociales, económicos, tecnológicos y aquellos relacionados con la salud, contribuyeron de forma significativa a la materialización del movimiento ambiental en las décadas de 1960 y 1970 (Rhodes, 2003).

Sin embargo, algunos autores y autoras sostienen que los fundamentos de la filosofía del movimiento trascendental carecen de un interés genuino por aquellos temas relacionados con la Justicia Social. Rhodes (2003) argumenta que no es insólito comprobar que su descendiente directo, el movimiento ambiental moderno, haya sido negligente en la incorporación de elementos de Justicia Social en su agenda inicial (Arriaga Legarda y Pardo Buendía, 2011).

Parece razonable pensar que el movimiento ambiental, dedicado a la conservación del ambiente, y el movimiento de Justicia Ambiental, centrado en la Justicia y la equidad en la distribución de los beneficios y los costes medioambientales, serían aliados naturales (Pezzullo y Sandler, 2007). Sin embargo, la relación entre los dos movimientos tradicionalmente no ha sido muy cooperativa a pesar de que existe una amplia variedad de oportunidades que intentan aunar esfuerzos por la salud ambiental, la sostenibilidad y la integridad (Arriaga Legarda y Pardo Buendía, 2011; Pezzullo y Sandler, 2007). No ha sido hasta finales del siglo XX, cuando la noción de la Justicia Ambiental ha comenzado ha convertirse en un elemento importante en el discurso ambiental al incorporar una perspectiva social (Arriaga Legarda y Pardo Buendía, 2011).

El movimiento por la Justicia Ambiental es un fenómeno enraizado en Estados Unidos con origen a finales de los años 70 y principios de los 80. Surge de las movilizaciones de las comunidades locales afroamericanas pobres y de las clases trabajadoras de Estados Unidos, que sufren de altos niveles de degradación ambiental, y en particular de la contaminación de los desechos tóxicos en el aire, el agua y el suelo en las zonas donde habitan (Bullard, 1999; Freudenberg, 1992; Gottlieb, 1993; López, 2014).

Como fuerza social y respuesta política, se articula a partir de dos espacios de acción como son el de los “Ciudadanos/as Trabajadores/as” o “Movimiento Anti-tóxicos” de la clase trabajadora blanca norteamericana (Cable y Shriver, 1995; Gould, Schnaiberg y Weinberg, 1996; Levine, 1982) y el “Movimiento Ambientalista de Personas de Color” de las comunidades afroamericanas. Este último, a diferencia de los anteriores, incorpora los riesgos ambientales a las organizaciones de derechos civiles (Bullard, 1993a, 1993b; López, 2014; Taylor, 1993).

En los años 80 se establece un estrecho vínculo entre ambientalismo y derechos ciudadanos (Foreman, 1998). En particular, es en el año 1989 cuando se impulsa el desarrollo conceptual de la Justicia Ambiental, con el caso de la empresa Luisiana Energy Services (LES), a quien el gobierno estadounidense concede permiso para construir plantas de enriquecimiento de uranio en Claiborne Parish (Luisiana). Los estudios realizados en la zona ponen de manifiesto la discriminación hacia las áreas con poblaciones caracterizadas por la pobreza y la alta representación de personas de origen afroamericano (López, 2014).

En ese contexto, a principios de los 90 se acuña el término de Racismo Medioambiental y se definen diecisiete principios de Justicia Ambiental firmados en la First Naticional People of Color Environmental Leadership Summit en octubre de 1991 en Washington. En este documento se recoge un amplio abanico de temas, desde los muy genéricos sobre la Madre Tierra, hasta peticiones concretas de cese de producción de residuos nucleares (López, 2014).

Cuatro años más tarde, en 1994, entra en vigor la Executive Order 12898 (Federal Actions to Address Environmental Justice in Minority Populations and Low-Income Populations) bajo el mandato del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que ordena a todas las agencias federales evaluar todas las políticas ambientales para asegurar la Justicia en sus operaciones en relación a las minorías y población con bajos ingresos, representando un hito en el desarrollo jurídico en materia medioambiental (Bullard, 2004; López, 2014).

No obstante, no es hasta la primera década del siglo XXI cuando toma forma y fuerza el concepto de Justicia Ambiental, para prestar atención al análisis de la relación entre etnia, clase social y riesgos ambientales; a las fuerzas sociales que actúan sobre las desigualdades medioambientales; a la trayectoria histórica de las injusticias ambientales y en particular en los contextos geográficos; al crecimiento de las desigualdades y al racismo ambiental más allá de los Estados Unidos, y en particular en los países del sur del planeta; así como a la emergencia del movimiento de Justicia Ambiental a través de estudios de caso de resistencia de comunidades contra los tóxicos (Pellow y Brulle, 2005).

El argumento principal del concepto de Justicia Ambiental hace referencia a que los grupos con altas concentraciones de minorías raciales o étnicas, o de familias con bajos ingresos económicos, están mucho más expuestos a una serie de problemas y riesgos ambientales que aquellos grupos con un perfil socioeconómico más alto. Del mismo modo, estos grupos tampoco se benefician equitativamente de aquellas implicaciones positivas derivadas de la política y regulación ambiental (Arriaga Legarda y Pardo Buendía, 2011; Campos-Vargas, Toscana-Aparicio y Campos Alanís, 2015).

Por lo tanto, el movimiento de la Justicia Ambiental no solo busca asegurar que todas las comunidades tengan igual protección contra los riesgos ambientales en relación a cuestiones de salud y calidad de vida, sino que también pretende que todos los grupos puedan disfrutar de su derecho a vivir en un medio que sea seguro, independientemente de su etnia o nivel de ingresos económicos. La Justicia Ambiental se basa en el reconocimiento de distribuciones ambientales no equitativas y en un uso de los recursos más justo (Arriaga Legarda y Pardo Buendía, 2011; Campos-Vargas et al., 2015; Fernández, 1999).

Cole y Foster (2001) indican que la Justicia Ambiental es resultado de seis movimientos diferentes: el movimiento por los derechos civiles, el movimiento anti-contaminación, el ámbito académico, la lucha de los indígenas americanos, el movimiento obrero y los ecologistas tradicionales. Y, a su vez, Faber y McCarthy (2003) incorporan el movimiento de solidaridad y el movimiento por la Justicia social y económica.

De una forma o de otra, parece que la Justicia Social y la Justicia Ambiental se han encontrado en un mismo escenario, compartiendo luchas y objetivos. Ambos conceptos tienen muchas cosas en común y aunque tal vez existan prioridades diferentes en la actuación, no hay ningún concepto en el que entren en conflicto u oposición.

Esto es lo que hace que en esta investigación ambos términos se trabajen de forma conjunta, como ya han hecho algunas entidades como la fundación FUHEM que utiliza el término “Ecosocial” o el “Programa por la Tierra. Justicia social y ambiental para hacer frente a la crisis” que presentaron algunas de las organizaciones ambientales más importantes para las elecciones al Parlamento Europeo en 2014. En la introducción se señala:

Las respuestas políticas a la crisis, dadas hasta ahora por los países europeos, están agravando la situación social y ambiental. Europa tiene por delante el enorme reto de dar un giro al modelo actual y proteger a las personas y al medio ambiente. (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF, 2014, p. 3)

Este programa demuestra, además, una gran actualidad de ambos términos, lo que nos lleva al análisis en el siguiente punto del concepto de Justicia Social y Ambiental.

Sergio Carneros

Referencias de los autores/as citados: Aquí

Para citar: Carneros, S. (2018). La escuela alternativa: un modelo en búsqueda de la Justicia Social y Ambiental. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid.

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